“La situación del campo es preocupante”, esa frase la han escuchado la mayoría de los colombianos y no precisamente por la gran cobertura que los medios de comunicación le podrían hacer a la problemática, sino por los paros campesinos. Sin embargo, es necesario preguntar ¿de qué se habló de en el paro del 2014? En cadenas radiales como RCN Radio y Caracol Radio, la mayoría de las fuentes fueron voceros del gobierno, y las pocas voces que se escucharon de los campesinos no estaban de  acuerdo con el paro; ningún miembro de las Cumbre Agraria fue entrevistado, y los comentarios en cuanto a César Pachón se enfocaron en sus intenciones políticas, opacando los problemas del campo. (Vea el seguimiento que se le hizo a radio sobre este tema)

 

Esa es la información que se transmitió sobre el paro de este año, patrón que quizás se dio en el del 2013, sobre todo cuando el tema central son los disturbios por las protestas y cómo se afecta el tráfico. Esa agenda informativa es respetable, pero valdría la pena que se profundizara más en este tema. Por esta razón, ‘La Tierra y la ley’ pretende dar a conocer el panorama de los baldíos en Colombia y el proyecto de ley de 2014 que está en trámite legislativo, un tema que muchos ignoran, pero que a todos afecta.  

 

Panorama

 

Colombia tiene cerca de 114.174.800 hectáreas, de las cuales el 19,3% están pensadas para la agricultura, según la gráfica de Vocación de uso, cobertura y uso actual del suelo del “Proyecto de protección de tierras”, citada por el senador Jorge Enrique Robledo en su página de internet. En realidad, solo 4,7% de esas hectáreas son las que se están usando para la agricultura. Es decir, 14,6% se está dedicando a otras actividades ajenas al cultivo de alimentos, en el peor de los casos son lotes de ‘engorde’: tierras con las que se especula para venderlas al mejor postor.

 

Mucha de esa tierra se está dedicando a la ganadería, al menos un 30,6% del total de hectáreas, superando notablemente el 13,3% que se tenía  como vocación para este sector. Con estas cifras, se puede decir que el uso está fuera de control.

 

Ese descontrol seguramente trae consecuencias en las condiciones sociales que enfrentan quienes viven en el campo y antes, ahora, y es posible que en el futuro, tienen o tendrán relación con el conflicto. Por ejemplo, “Más de 5 millones de colombianos han sido desplazados internamente, y cada año al menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar…”  dice el Informe mundial del año 2014 de Human Richts Watch. Y, según el ‘Diagnóstico de las condiciones sociales del campo colombiano’, realizado por la Misión para la Transformación del Campo hay “alta prevalencia a la inseguridad alimentaria y nutricional en los hogares de la zona rural”, esto por el conflicto, la poca efectividad de las políticas y la falta de gestión de riesgo en los diferentes climas. Es decir, el campesino, que suele desplazarse, no tiene la autonomía sobre lo que cosecha y estando en el campo no posee el alimento necesario para subsistir.

 

Ese último dato lo confirma el Grupo de Trabajo sobre Hambre del Proyecto Milenio de las Naciones Unidas, pues dice que los campesinos son el 50% de la población que sufre de hambre en el mundo.

 

Existen muchas variables sobre la situación del campo, pero solo estas son contundentes para decir la frase que todos los colombianos conocen: “La situación del campo es preocupante”.

 

Este problema se relaciona directamente con la apropiación irregular de baldíos, pues los resultados negativos o positivos en temas de desarrollo agrario dependen del uso y de la tenencia de la tierra. ¿Qué se está haciendo con la tierra?, pero sobre todo ¿quién es el dueño de ella? 

 

Un informe de la Contraloría General de la Nación titulado 'Acumulación Irregular de Baldíos' señala varios de los problemas que históricamente se presentan en Colombia. En este documento se confirman 14 casos de apropiación ilegal de tierras del Estado. También, da a conocer todos los problemas en la adjudicación de los mismos, las presuntas irregularidades en entidades como Incora, ahora Incoder y señala que el detrimento patrimonial por acaparamiento irregular de baldíos es de 150 millones de pesos, lo que Wilson Arias, exrepresentante de la Cámara y mayor denunciante de este fenómeno, califica como "una migajita" en comparación al costo real. 

 

Mientras tanto, en La Habana se dejó el tema de la tierra de lado porque ya se llegó a un acuerdo en el que se resalta la importancia de la democratización de la tierra. Pero, en Colombia el gobierno presentó el proyecto de ley 133 de 2014 conocido como la ley Urrutia-Lizarralde, que ha hecho dudar a muchos sobre la concordancia entre las decisiones que toma la mesa de conversaciones de las Farc-Ep y los delegados del Gobierno, con las decisiones que se están tomando en el país.  

 

Paralelamente hay organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas que siguen trabajando para mejorar las condiciones del campo. Ellos han criticado esa nueva propuesta del gobierno y sin mucho pensarlo, la mayoría, habla de la protesta como el mejor mecanismo para lograr resultados en políticas públicas.