En busca de la productividad

 

El 3 de octubre del presente año, la Superintendencia de Notariado y Registro radicó el proyecto de ley 133 de 2014. El objetivo es generar productividad por medio de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), donde se crearán proyectos asociativos entre grandes empresas y campesinos.

 

Según el proyecto "las zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico son áreas geográficas aisladas de los centros urbanos más significativos; demandan elevados costos de adaptación productiva; tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza; carecen de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos, y por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”

 

Para el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, es una iniciativa que beneficiará a los campesinos y a los colombianos en general. Sin embargo, para la mayoría de analistas y los mismos campesinos, es un proyecto de ley que les trae desventajas por donde se mire.

 

Carlos Rondón, sociólogo y magister en Filosofía Latinoamericana, dice que esta es otra propuesta que demuestra la desconfianza que tiene el Estado en la capacidad de producción de sus campesinos. Pero, si ellos podrían promover su propio desarrollo social, ¿por qué no se ven los resultados? 

 

Hermógenes Ardila, editor general de la Asociación de Periodistas Económicos citó algunas cifras de la Misión por la Transformación del Campo, en un Foro sobre las conversaciones de paz en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que darían respuesta a la pregunta anterior: 

 

• El 63% de los campesinos no posee activos.

• Sólo el 3.9% logra acumular tres activos: tierra, asistencia técnica para riego y crédito.

• Sólo el 5.2% de los hogares rurales accedió a crédito para las actividades agropecuarias.

• El 75% de la población, ocupada del área rural, tiene un ingreso inferior al salario mínimo legal vigente.

• Sólo el 6% del total de las tierras son regulables en el país. Son tierras que tienen algún grado de adecuación  de       riego.

• Colombia tiene un atraso de 33 años en infraestructura. 

 

Estas cifras explicarían por qué no se ha presentado un desarrollo económico, y se podría concluir que el abandono al campo colombiano por parte del Estado es la principal razón. Como solución, el Gobierno Nacional ha planteó el proyecto de ley 133  de 2014, pero dentro de la normatividad han incluido aspectos que generan polémica, como por ejemplo, "La adquisición o aporte de predios adjudicados como baldíos para la realización de proyectos asociativos". En esta parte se elimina la restricción del artículo 72 de la ley 160 de 1994, la ley del campo, que dice lo siguiente: "No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional." 

 

“¡Sería una estafa! Le da una especie de ventana de oportunidad muy siniestra, en mi opinión, y muy lamentable para que estos acaparadores irregulares puedan presentarse a la luz de la nueva normativa y de ese modo blanquearían a futuro. Poco tiempo vamos a tener, seguramente, para reaccionar y conseguir que la Corte Constitucional declare inexequible esta ley. Muy posiblemente, una vez se produzca un eventual fallo de la Corte a favor del país, la presunción de legalidad de la norma habría bastado para que estos señores se apropien de los terrenos por vía legal." Lea entrevista con Wilson Arias.

 

El proyecto propone asociaciones que se realizarían entre campesinos y grandes multinacionales o empresas colombianas. Las empresas, tendrían que invertir el capital necesario para que esa zona improductiva genere crecimiento económico, y recibiría todo tipo de garantías para que tome la tierra que necesita. Los campesinos tendrían que  decidir entre vender su predio o darlo en aporte y trabajar con ellos. Darían la tierra, la mano de obra, tendrían que cultivar lo que establezca la multinacional y además, comprarían los insumos necesarios a la misma empresa con la que está asociada. 

 

"Nosotros hemos estudiado el caso de Indupalma y lo que pasa con esas asociaciones es que el campesino se convierte en una especie de siervo moderno de esas grandes empresas. El campesino trabaja la tierra, le vende la producción a esas empresas, pero bajo condiciones que son supremamente inequitativas para el campesino (...) Uno ve en la práctica, y (...) apenas tienen para sobrevivir" dice Manuel Sarmiento, asesor de Jorge Enrique Robledo. 

 

En respuesta a esta crítica el Superintendente Vélez dice, "En los proyectos asociativos mencionados los campesinos o pequeños productores cuentan desde un principio con proyectos que tienen viabilidad financiera y jurídica que los apoye en la gestión del crédito ante los bancos para la compra de la tierra y para el establecimiento del cultivo, les asegure los servicios de asistencia técnica y la compra de la totalidad la producción a precios de mercado por un periodo no inferior a veinte (20) años, y les garantice los servicios de capacitación empresarial y técnica, así como el acompañamiento en aspectos personales y de dinámica grupal. Se garantiza que los trabajadores agrarios colombianos tengan propiedad plena sobre la tierra a través del acceso al crédito y se incorporen en procesos de empresarización y cadenas de valor ya articuladas que permiten mejorar su productividad y capacidad de negociación, facilitando su inserción en los mercados."

 

A pesar de esta respuesta, se pone en duda la aplicación de todas las medias de manera efectiva, pues el abandono al campo ha sido evidente. Incluso, los campesinos siguen quejándose, dicen, por el incumplimiento del Gobierno Nacional en los acuerdos logrados por los paros campesinos.  

 

Ángel Torres, campesino del municipio de Macarena Meta, cuenta cómo fue el proceso de colonización de esa zona. Afirma que gracias a la organización que han tenido en su región lograron hacer caminos, escuelas, sembrar comida y que la presencia del Estado se ha visto solo con la fuerza pública, la cual ha violentado los derechos de la comunidad. 35 años llevan exigiendo la titulación de tierras y también, han pedido desde el 2002 el establecimiento de una Zona de Reserva Campesina para que puedan continuar con su desarrollo económico y social. Ángel pregunta "¿Por qué el Estado no asume su responsabilidad con los campesinos?, ¿cómo quiere que los campesinos sean competitivos si no hay un apoyo económico? Siempre nos ha tocado trabajar a pulso, (...), hasta las carreteras nos ha tocado hacerlas a nosotros para sacar los productos y eso sí no se cuenta..."

 

Por toda la polémica que se desató, la Superintendencia realizó unos cambios en el proyecto. La última versión se radicó el pasado 13 de noviembre. César Jerez dice, "se quitó la alusión a los baldíos, para decir que no es una ley sobre baldíos; se quitó la palabra campesino y hablan otra vez de productores rurales, agropecuarios; implementan la posibilidad de que si el campesino no quiere asociarse a ese modelo puede ser expropiado; entonces los cambios que ellos llaman impositivos empeoran aún más el planteamiento oficial..."

 

Según el Superintendente, "Los trabajadores agrarios podrán optar por no asociarse a los proyectos productivos, caso en el cual, deberán cumplir con los lineamientos productivos fijados por la UPRA, (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) de conformidad con las características de la zona que se trate, so pena de ser objeto de compra directa o expropiación, previa declaratoria, mediante acto administrativo de la improductividad del predio, (...). Esta figura tiene como fin estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria." Es decir, si un campesino no se asocia, pero su predio no es productivo se expropiará, pero ¿plantear esta condición no significaría que todas las tierras de los campesinos se expropiarían por la situación del campo? 

 

Manuel dice que en las modificaciones del nuevo proyecto pone en manos de la política de extranjerización a todo el país, "si uno se pone a ver, las Zidre se harían en todo el país, porque hay baja productividad, falta infraestructura, falta de desarrollo...". 

 

Lea la entrevista completa con el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez.