En el año 2010 Wilson Arias fue elegido como Representante de la Cámara del partido Polo Democrático Alternativo. Su nombre es conocido por su lucha como sindicalista, pero sobre todo por las denuncias de acaparamiento irregular de baldíos. Arias, que siempre fue y ha sido un defensor de la educación, denunció a Carlos Urrutia junto a Jorge Enrique Robledo porque Brigard & Urrutia, un bufete de abogados del cual Urrutia fue presidente, ayudó a empresas como Cargill y Riopaila para que se apoderaran terrenos baldíos en el Vichada. Carlos Urrutia, que en ese momento se desempeñaba como embajador en Washington renunció argumentando que le quería evitar un conflicto político al Gobierno. Wilson Arias ha recibido amenazas por sus denuncias. 

 

Usted ha sido una de las personas que más ha investigado el tema de baldíos, ¿cómo se enfocó en este tema?

 

El tema aparece en mis preocupaciones con motivo del acompañamiento que hice a la junta de los corteros de la caña y de la propiedad de tierra en el país cuando era Concejal de la ciudad de Cali. También, por la investigación a cargo de otros países sobre una especie de extranjerización de las tierras de países vecinos a cargo de emporios colombianos. Posteriormente investigué en la altillanura colombiana, donde potencias extranjeras de países con grandes divisas, pero con un déficit de tierras fértiles, han fijado sus ojos. Fue por esa vía que logré la identificación de otros actores que vienen acumulando tierra en esa zona del país.

 

¿Alrededor de cuántas hectáreas han sido apropiadas irregularmente?

 

La cuantificación es difícil, debería estar a cargo del Estado colombiano pero es un defecto que ha estado casi históricamente en el país. La Contraloría evaluó 14 casos que dieron 101.180 hectáreas. En un trabajo inicial sumamos 400.000 hectáreas y José Félix Lafourie había hablado de 2 millones de hectáreas "compradas" en la altillanura.

 

¿Qué ha pasado con las denuncias que realizó?

 

Debo decir que en dos instancias se han tenido avances muy importantes, en la Contraloría General de la Nación, que produjo un reciente documento que deberían conocer todos los colombianos, se llama ‘Acumulación irregular de predios baldíos en la Altillanura colombiana’. En ese documento se confirmaron 14 casos de acaparamiento irregular de baldíos. Debo decir que me alegra mucho que de esos 14 casos 11 fueran apoyados en mis denuncias.

 

El estudio de la contraloría señala que hubo un detrimento patrimonial, es decir, que siendo los baldíos un patrimonio de la nación cuando se entreguen a un campesino sin tierra, ese campesino deberá venderlo, si lo va a vender, a otras personas en condiciones similares a las suyas, de modo que no se le puede entregar a un emporio económico que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. La Contraloría ha trazado ese detrimento patrimonial en 150 millones de pesos, que, para mí, es una migajita a lo que realmente cuesta ese acaparamiento. ¡Eso deben ser cifras billonarias y astronómicas! Sin embargo, saludo que la Contraloría, así sea en ese monto, haya calificado como detrimento patrimonial lo que se hizo con las tierras baldías de la nación.

 

En la Fiscalía no he tenido noticias. Lamento decir que hay muy pocos avances y en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes hice una acusación contra Uribe Vélez porque fue conocedor directo de ese tipo de acaparamientos sin obrar en consecuencia. Me parece que incurrió, probablemente, en un prevaricato por omisión.

 

En otro espacio donde tuvimos desarrollos que me parecen importantes fue en la Corte Constitucional, donde se declaró inexequible una parte del Plan de desarrollo de Santos que pretendía facilitar esa acumulación de baldíos a futuro.

 

Ahora bien, me siento profundamente preocupado porque la política del Gobierno Nacional ha sido frenar los tímidos avances de investigación de la época de Juan Camilo Restrepo. Esos  tímidos avances, dice el propio Juan Camilo en el libro que acaba de publicar que se llama 'La Cuestión agraria', fueron frenados después del cambió de Ministerio, lo que mereció mi replica constante, y bueno, ya es mucho decir que el mismo Juan Camilo sea el que se queja de que ese procedimiento que él adelantaba fuera detenido por Estupiñan, el siguiente ministro, y por los sucesivos, Lizarralde e Iragorri.

 

Hay una especie de colisión muy importante. Yo digo que estamos en un momento transcendental  pero dramático de la vida nacional en materia de tierras. Es una especie de meganegocio que, a mí me parece, tiene talla orbital y ese negocio de tierras colombianas son escenario de una brutal especulación. Es decir, hay pocos procesos comparables en otros países a lo que sucede hoy en nuestra República de Colombia.  

 

¿Hace poco usted dijo que la familia Iragorri Valencia fueron los usurpadores en la zona de Vichada, por qué hizo esa afirmación?

 

La denuncia inclusive va un poco más allá. Pablo Valencia Iragorri primo del actual Ministro con dos grupos más compraron tres predios adyacentes por 3800 hectáreas. Para hacerlo tuvieron que simular la condición de campesinos sin tierra porque era un proceso de reforma agraria. Posteriormente los vendieron a cuatro compañías y resultó que una de esas compañías terminó con la totalidad de los tres predios. Una de esas estaba compuesta por sus dos hermanos, María Alejandra Valencia Iragorri y Julián Valencia Iragorri, y finalmente establecimos que otra compañía de las que he mencionado, era realmente del hijo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. 

 

Entonces vemos que los que se quedaron con esas tierras fueron los familiares del actual Ministro y los familiares del banquero más grande de este país. Esto, desde luego, es obsceno, diría yo que tiene cierta obscenidad a cargo de estos importantes señores de la vida económica del país. Porque tal como lo ha dicho la Contraloría, esas tierras jamás debieron haber salido del mercado campesino. De este modo, esas notables personas contribuyeron a violentar ese patrimonio de la nación al que ya se ha referido el informe de la Contraloría. Ese es el caso que hemos denunciado recientemente.

 

También hemos estado denunciando otra que me parece de la mayor importancia. Se trata del que estuvo cargo la familia Eder del grupo Manuelita. A través de Aceites Manuelita, se quedaron con 17 mil hectáreas en Orocué Casanare, y esas tierras fueron compradas a los actores del narcotráfico y del paramilitarismo ampliamente reconocidos en la Zona. Estoy hablando de Gelmer Mauricio Oicata Morales y Óscar de Jesús López Cadavid, quienes aparecen además en los organigramas correspondientes al Departamento de Estado Americano. Al final, las tierras que ellos tenían quedaron en manos del grupo Manuelita, quien hace 20 años está en la zona y tendría que saber a quién le estaba comprando esas tierras.  

 

El modo operandi de esos actores criminales fue asolar de sangre Orocué, el Casanare colombiano. A eso le quiero agregar no solamente la personalidad de Doris Eder de Zambrano quien fue Ministra, viceministra, gobernadora, bueno, cuanto cargo público, sino que además su hijo, Alejandro Eder, negociador de la Habana, que a pesar de las condiciones familiares que he anotado, ahora pretende luchar por la Alcaldía de la ciudad de Cali. De modo que se consuma lo que ya todos sabemos, la capacidad de acumulación económica da la autoridad política y en consecuencia da el poder político que retroalimenta y garantiza el statu quo para que estas personas puedan conservar sus bienes.

 

¿Cree que el nuevo proyecto de ley 133 de 2014, es un intento de legalizar la entrega de baldíos a grandes empresas?

 

Yo opino que sí, y más aun, creo que no tan socarronamente sino explícitamente los cacaos han estado felicitándose y felicitando a los autores del proyecto porque evidentemente no es solo su interés a futuro, sino creo yo, permite el acaparamiento de esas tierras. Es decir, durante largas décadas se ha dispuesto en la normativa colombiana que esa tierra debe ser para campesinos pobres y habla de la aprobación de un terreno de espacio ilegal.

 

Si se expide esa norma por el congreso de la República, inclusive a sabiendas de su inconstitucionalidad, una vez expedida y durante su vigencia, larga o corta, si se cae por vida inconstitucional o no, será utilizada para que los empresarios que ya han acumulado irregularmente tierras califiquen dentro de los proyectos de las Zidre que autoriza esta nueva norma.

 

¡Sería una estafa! Le da una especie de ventana de oportunidad muy siniestra, en mi opinión, y muy lamentable para que estos acaparadores irregulares puedan presentarse a la luz de la nueva normativa y de ese modo blanquearían a futuro. Poco tiempo vamos a tener, seguramente, para reaccionar y conseguir que la Corte Constitucional declare inexequible esta ley. Muy posiblemente, una vez se produzca un eventual fallo de la Corte al favor del país, la presunción de legalidad de la norma habría bastado para que estos señores se apropien de los terrenos por vía legal. 

 

¿Qué pasó con las amenazas que le hicieron?

 

El Estado Colombiano manifestó su preocupación por mi seguridad personal. Sin embargo, cuando salí del Congreso de la República se desmejoró notablemente el esquema de protección. Se me retiraron dos policías que hacían parte del esquema. El vehículo blindado se me restableció recientemente. He padecido de lo que fue noticia, no se le paga a algunas de las personas que laboran conmigo, no tenían ni tiquetes para acompañarme a Bogotá. Fui sin escoltas a la socialización de la ley de baldíos. Tengo que decir que el doctor Villamizar ha sido muy amable en responder mis preocupaciones, pero me siento profundamente afectado por la situación. 

 

¿Considera que las decisiones que se están tomando acá son acordes con lo acordado en la Habana?

 

En el texto de la Habana se dice que se deberíamos alimentar la distribución de la tierra, que al contrario, deberíamos implementar mecanismos para que se modifique la estructura de la propiedad agraria en Colombia. No falta decir que en términos muy parecidos a la ley 160 de 1994, que precisamente se produjo para intentar modificar la estructura de la propiedad agraria colombiana. De modo que sí van al contrario, por lo menos en una parte del texto de la Habana, lo que es delirante.

 

Yo creo que el Gobierno busca hacer una especie de publicidad engañosa en la que con palabras trata de hacer grandes detonaciones pero en la práctica seguimos con una política contraria. También mire usted, en materia minera el Presidente de la República va a los grandes escenarios internacionales y habla sobre la importancia del medio ambiente y  regresa en la tarde a Colombia a aprobar las licencias exprés y el fracking, que es una de las formas que deteriora la naturaleza y el medio ambiente de la manera más grave. Lo que veo es que el Gobierno con una mano escribe una cosa y con la otra la borra, casi que inmediatamente. 

 

¿Qué miedos obstáculos se le presentan para seguir investigando ahora que está fuera del Congreso?

 

La mayor dificultad para continuar proviene de no contar con un equipo de investigadores que había contratado, (UTL se llama en el Congreso), y no tener la investidura que me permitía solicitar y obtener información de las autoridades oportuna y fidedigna.