La ley Urrutia- Lizarralde

 

En redes sociales como Twitter, algunos expertos en el tema y los mismos campesinos, no llaman a la ley 133 de 2014 por su nombre, sino como la Ley Urrutia- Lizarralde, ¿por qué?

 

No es la primera vez que los campesinos se pronuncian sobre la concentración de tierras, sobre todo cuando se trata de la protección de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura establecida en el decreto 1777 de 1996, y la Unidad Agrícola Familiar, (UAF), establecida en el artículo 38 de la ley 160 de 1994. 

 

Según información suministrada por Wilson Arias, ha habido tres intentos de legalizar la apropiación de terrenos baldíos. El primero fue en el año 2007, en el gobierno Álvaro Uribe Vélez, cuando se formuló la ley 1152 en la que se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo (Incoder). En su contenido expresaba lo siguiente: "El Consejo Directivo del Incoder, atendidas las circunstancias especiales (...) podrá autorizar al beneficiario del subsidio la enajenación total o parcial de la Unidad Agrícola Familiar, cuando se requiera por una entidad de derecho público para la construcción de una obra pública, (...) o en los eventos en los que el Consejo directivo lo considere conveniente para lo cual dispondrá de la sustracción de la parcela o el terreno respectivo del régimen de la Unidad Agrícola Familiar." Esta reforma, conocida como el Estatuto de Desarrollo Rural, fue declarada inexequible por consulta previa. 

 

El segundo intento fue en el 2008, cuando "...el Incoder aprobó el acuerdo 148 de ese año, que modificó la concesión de la Unidad Agrícola Familiar, pero la Contraloría advirtió de la ilegalidad de la norma." Según el senador Jorge Enrique Robledo, en una intervención en la Comisión Quinta del Senado. 

 

El tercer intento fue el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Juan Manuel Santos 2010 - 2014. El artículo 60 planteaba proyectos especiales agropecuarios o  forestales, donde se quiso modificar el artículo  83113 de la ley 160 de 1994. "Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar aprobación para el uso y aprovechamiento de terrenos baldío en las Zonas de Desarrollo Empresarial...", decía el PND. Arias, dice que sus denuncias tuvieron efecto gracias a que "...la Corte Constitucional, (...) declaró inexequible una parte del Plan de desarrollo de Santos que pretendía facilitar esa acumulación de baldíos a futuro."

 

Esos han sido los tres intentos. El escándalo explotó cuando Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo denunciaron a Urrutia sobre el diseño de un plan jurídico para que la empresa Cargill y Riopaila se apoderaran indebidamente de terrenos baldíos causando la renuncia Urrutia al cargo de embajador de Colombia en Washington, según él, para evitarle problemas políticos al Gobierno Nacional.

 

Robledo dice que también estaría involucrado Néstor Humberto Martínez, que fue contratado por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) para redactar las leyes mencionadas. Lizarralde por su parte, tuvo que retirar otro proyecto de ley radicado en el mes de noviembre sobre la reforma de baldíos y su familia se ha visto involucrada en la apropiación irregular de estos terrenos.

 

¿Quién tiene la tierra?

 

Wilson Arias presenta a los "nuevos llaneros" un conjunto de empresas nacionales e internacionales que tienen grandes cantidades de tierra. Las nacionales tendrían (+)270.000 hectáreas, mientras las extranjeras (+)134.000 hectáreas.